El caso Gürtel es uno de esos casos que parece enquistarse más cada día que pasa. Sin embargo, si hay una rama que está dando más problemas de lo debido, esa es la rama valenciana. Y es que fue allí donde la financiación ilegal del Partido Popular fue más flagrante.

Sin embargo, en las últimas semanas, y con la ayuda de los tratos a los que se ha llegado con los imputados, se está clarificando bastante. De hecho, tras los últimos acuerdos alcanzados, el resto de empresarios que permanecían en silencia, han reconocido, a cambio de una reducción en la condena, que donaron 1,2 millones de euros al Partido Popular de Valencia para financiar de manera ilegal la campaña electoral a cambio de favores posteriores.

Camps se queda sin recursos en su defensa

A decir verdad, a este momento, Camps tenía varios ases en la manga. Y es que hasta el momento siempre podía argumentar que los empresarios no habían reconocido la financiación ilegal de su partido. Hasta ahora. Por ello la estrategia del popular tendrá que varias y tendrá que pasar a explicar qué fue lo que sucedió con todo ese dinero que llegó a una contabilidad B de la que de momento poco se sabe.

Según han hecho saber los empresarios que han confesado, estas donaciones se realizan tras la firma de una factura en la que se describían unos servicios que jamás se llegaban a realizar. Una confesión que tendrá su premio ya que este mismo fin de semana rubricarán el acuerdo al que han llegado con la fiscalía.

Los empresarios que han confesado son los siguientes: Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.