Vox recurre frente al Tribunal Supremo la nominación de Pablo Iglesias para ser un miembro de la Comisión Delegada para el Gobierno para los Asuntos que son de Inteligencia, siendo el órgano encargado de controlar todo el seguimiento  de cada objetivo e información dentro del CNI. Su argumento jurídico es que dicho Gobierno ha sido torpe al incluirlo sin tener que hacer cambios en la ley encargada de establecer que tiene que haber solo un vicepresidente, actualmente Carmen Calvo.

Es por este motivo que Vox ha solicitado como recurso frente la sala de todo lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, suspender el decreto real donde el Gobierno permitía la entrada reciente de Pablo Iglesias en la mencionada comisión, como otro miembro.

Tomando en cuenta lo que explica Macarena Olona, secretaria de Vox en dicho congreso, la conformación del mencionado órgano es específica dentro de la ley 11/2002, encargada de regular dicho órgano.

Es una normativa que establece de forma expresa dentro del artículo 6.2 que dicha comisión será regida por el vicepresidente del Gobierno que escoja el presidente y que además esté integrada por cada uno de los miembros de los Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior y de Economía, al igual que el secretario general de la actual presidencia, el secretario del estado de la seguridad y también el secretario del estado director en el centro nacional para la inteligencia, que tiene la capacidad de actuar como secretario.

La lucha judicial que se encuentra abierta por parte de Vox, ha pretendido quitar el decreto real aunque el Gobierno cuanta con la posibilidad de permitir entrada a Iglesias mediante el punto 3 que pertenece al artículo 6 en la Ley.

Allí se permite una convocatoria puntual de todos los titulares de los órganos que son superiores y de los directivos que pertenecen a la Administración General en el Estado que se considere conveniente.

Por otro lado, Vox recurre frente al Tribunal Supremo la nominación de Dolores Delgado para ser fiscal general en el Estado, manteniendo como argumento que no posee dos requisitos que son indispensables: la idoneidad y la imparcialidad.

En lo que se refiere al último requisito, tomando en cuenta la explicación de Ortega Smith, es algo que incumple ya que fue ministra de justicia hasta solo hace unos pocos meses al igual que diputada en el PSOE hasta hace unas pocas semanas.

Ortega también criticó, que se refiere a una fiscal general del Estado y por lo tanto no de una fiscal general en el PSOE, y que su nominación es inadecuado ya que no tiene la capacidad de velar por lo que es legal ni por lo que es objetivo.