La comisión rogatoria ya remitida al fiscal Yves Bertossa por parte de la Fiscalía de España, espera por respuesta.

Fuera de lo normal o no, el caso es que un fiscal suizo tiene en sus manos el futuro procesal del Rey emérito, en este caso se trata de Yves Bertossa, quien tiene en su custodia los documentos que comprueban la información ocultada por Juan Carlos I, específicamente datos bancarios que dan cuenta de una enorme fortuna que fue invisible por años a la vista de Hacienda.

La presentación de una querella en contra de Juan Carlos I por ahora depende de  lo solicitado por la comisión rogatoria, la misma seria en teoría presentada por la Fiscalía General ante el Supremo.

Lo que si trascendió es que hay suficientes indicios que apuntan a que se puede ejercer la acción penal, en contra del monarca emérito.

Las diligencias abiertas y las pesquisas llevadas adelante estos dos últimos años, dan cuenta de que serían dos los delitos por los que se imputaría a Don Juan Carlos de Borbón los cuales, según la Fiscalía Anticorrupción son: Lavado de dinero y fraude fiscal sustentados en la ocultación al fisco de 100 millones de dólares que son producto de comisiones cobradas de forma ilegal.

Dichas comisiones se derivan de las diligencias y acciones que permitieron adjudicar a un consorcio español, la construcción de la obra “Ave del Desierto” con 6.700 millones de euros presupuestados.

Hasta el momento Alejandro Luzón no dispone de la pruebas suficientes respecto al presunto fraude, ya que Suiza no ha proporcionado la información que le ha sido solicitada por el fiscal jefe.

Han transcurrido ya 8 meses desde la reunión sostenida el pasado año entre el Juez de Audiencia Nacional, 4 fiscales españoles y Bertossa, en la sede de anticorrupción. Para entonces, se dejó claro que no le competía a Bertossa la investigación del Rey emérito, sin embargo a la fecha la documentación correspondiente a la investigación de Juan Carlos de Borbón aun no llega a España, hecho que le atribuyen al procedimiento garantista que requiere la aprobación de los implicados respecto al envió de los documentos.

Todo inició con una investigación abierta por el fiscal de Ginebra en el 2018 a Dante Canónica y a Arturo Fasana, supuestos testaferros del emérito, posteriormente Bertossa detectó que Juan Carlos figuraba entre los clientes de estos agente.

Un nuevo matiz adquirió este escándalo el pasado 15 de febrero, al darse a conocer la vinculación del primo del Rey Juan Carlos de Borbón, con el cobro de una comisión de aproximadamente 50 millones de euros y a tan solo un mes de la noticia, se desveló que el Rey ocultaba 100 millones de dólares en una cuenta en Suiza los cuales fueron depositados en una cuenta a nombre de la Fundación Lucum, donde el único beneficiario es Juan Carlos de Borbón.