En el mes de abril, la zona Franca de Vigo cometió el error de subcontratar a ciertos trabajadores y a pesar de ello un tribunal no cree que cometa delito alguno. Una obra de mejora energética de Peugeot-Citroen, por el valor de 1,2 millones de euros ha sido adjudicada a un constructora llamada Copcisa, por parte del Consorcio público vigués pero antes puso como única condición de que no se subcontratase más del  60% del personal a trabajar en la obra.

Pero sin embargo lo hicieron, haciendo caso omiso en un 100%, lo que derivó en que la mencionada subcontrata llamó a concurso y no conforme con ello,  generó ante el tribunal competente una querella, por lo que la audiencia de Pontevedra pensó que tal irregularidad no llega al prevaricato, es decir, se  dictó una resolución arbitraria desde el punto de vista administrativo e incluso judicial a pesar de tener pleno conocimiento de que el resultado es injusto y por ende se comete abuso de autoridad ante la ley.

Hace casi un año, Acende Enerxia  ejerció una acción penal por cargos de zona franca, (territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios) contra Copcisa y Peugeot-Citroen Automóviles España (PCAE), por los cargos de faltar éticamente, un funcionario público, al impartir una resolución inmerecida con pleno conocimiento de que está cometiendo una injusticia, por falsificación de documentos y lo más grave, por estafa y por atentar contra la seguridad de los trabajadores.

Para determinar si hubo delito, se debe demostrar que la actuación de los funcionarios fue ilegal

El hecho es que Copcisa no le canceló a Acende Enerxia lo que le debía a pesar de que había sido subcontratada  para todo el trabajo que le había asignado zona Franca, Lo que dice el pequeño empresario, es que todo habia sido tramado en función de que  hubiese complicidad entre Zona Franca y PCAE con Copcisa para beneficiarse después de haber hecho varias modificaciones del proyecto al inicio que supuestamente no debían hacerse con el precio propuesto.

La primera  denuncia, el  juzgado la engavetó, luego la audiencia de  Pontevedra consideró que no se estaba cometiéndose ningún delito, por lo que determina que en dado caso no era penal sino mercantil, ya que el Consorcio había presentado la documentación requerida por la inspección de trabajo.

Con respecto a la seguridad de los trabajadores,  las instalaciones ejecutadas no habían quedado legalizadas lo que afecta directamente a los trabajadores de Peugeot-Citroen, pero que se considera, fue un déficit sobre la vigilancia en la ejecución del contrato, lo que ni siquiera aplica como prevaricación administrativa.