La cantante colombiana es acusada por la Fiscalía de Barcelona de cometer supuestamente seis delitos fiscales entre 2012 a 2014 y presentó ante los juzgados de Esplugues de Llobregat una demanda en su contra. El Ministerio Público señala que para esa época vivía en Barcelona junto con Gerard Piqué,  a pesar de que viajaba constantemente para intervenir en el programa The Voice en Estados Unidos.

Subraya que Shakira dijo que desde 2007 su residencia fiscal estaba en las Bahamas, hecho que no consta en escrito, excepto una vivienda en sociedad con CBPI.

Tenía la obligación de tributar en España físicamente su patrimonio y renta al cumplirse más de 183 días, independientemente del lugar donde recibiera sus entradas económicas y no lo hizo, escudándose tras una sociedad para esconder las ganancias percibidas a las Agencias Tributaria de Catalunya y la Estatal de la Administración Tributaria y no ingresaran a la Hacienda Pública española y catalana.

La Corte expresa que la demandada residía en España y permanecía en la nación, que abandonaba sólo por compromisos profesionales o recreativos. Posiblemente fue la asistida por consejeros fiscales que legislan en Nueva York; imputados por colaborar con la dama para que no figurara como titular en las sociedades y esquivara los gravámenes.

Las compañías residían en paraísos fiscales y eran usadas presuntamente para encubrir el pago de tributos por propiedad intelectual y derechos musicales. Igualmente revela que refrendó contratos para comercializar perfumes y recoger ingresos por el programa de tv. Añade que estas carecían de medios personales y materiales para efectuar movimientos; los gastos generados eran administrativos, ocultándose a la Hacienda Pública las utilidades obtenidas por la acusada.

La inspección del IRPF e IP de los ejercicios fiscales, expresa que los agentes legales no suministraron la documentación pertinente por propia iniciativa, arguyendo la no residencia fiscal en España; pero iniciada la pesquisa tuvieron que ofrecerla para que la Agencia Tributaria conviniera la cuota; aunque fue difícil demostrar los egresos.

Los datos finalmente recabados arrojan que Shakira no pago a  la Agencia por el IRPF la suma de 12,3 millones y tampoco 2,2 millones a la Agencia de Catalunya, por eso se le juzga por la ejecución de seis delitos fiscales que suponen multa y condena en prisión.

La cantante insistió que la acusación vulneró su reputación, siendo un atropello recaudatorio, aplicando un tributo mientras no residía en el país donde ha cumplido con sus deberes.  Su equipo piensa que es una táctica judicial para meter miedo a los contribuyentes utilizando una figura cuya conducta es irreprochable.