Si hubo una ley que levantó una gran cantidad de polémica en la anterior legislatura del Partido Popular fue la que se denominó como amnistía fiscal. Y es que, de buenas a primeras, de la noche a la mañana y aprobada gracias a la mayoría absoluta que tenían los conservadores en el parlamento, pudieron aprobar una ley que permitía regularizar las cuentas con hacienda a todas aquellas personas que debían dinero al fisco. Eso sí, lo podían hacer pagando menos de lo que iban a pagar en un primer momento. Algo que se hizo, o al menos eso se dijo en su momento, con la intención de recaudar 40.000 millones de euros.

La cruda realidad y el Tribunal Constitucional

Sin embargo la realidad es bien distinta. No solo se recaudaron tan solo unos 1.200 millones de euros sino que esta amnistía fiscal solo sirvió para que se acogieran a ella algunos amigos de los populares como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato, entre otros. Y claro, ante este flagrante atropello, el PSOE no dudó ni un solo instante en denunciarlo ante el Tribunal Constitucional. Un tribunal que a día de hoy ha dictaminado que esta ley va en contra de lo que se dice en la carta magna.

Según estos magistrados, cuya decisión ha sido tomada por unanimidad, esta ley no trata igual a todos los españoles y solo favorece a los infractores. Algo que no se puede permitir en un estado de derecho en el que todos somos iguales ante la ley. Es por ello por lo que ahora la oposición pide la cabeza del ministro Montoro que fue el que ideó todo esto. Veremos qué es lo que sucede aunque son muchos los que creen que Mariano Rajoy no solo no hará nada sino que se limitará a dejar pasar el tiempo hasta que todo este asunto no tenga tanta relevancia como está teniendo en estos primeros momentos en los medios de comunicación.