Una ofensiva de informes entre el Gobierno central y Galicia motivado a la financiación autonómica se ha desatado, después del alegato por parte del Ministerio de Hacienda de justificar que la Jurisprudencia del Estado no tenía la posibilidad de reformar las entregas a cuenta por poseer los presupuestos prorrogados y encontrarse en funciones. Son cerca de 7.000 millones de euros la cifra por este concepto.

Sin embargo dio su palabra y buscará un método legal para evadir los obstáculos. La Xunta contraatacó con un escrito de la Asesoría Xurídica autonómica, oponiéndose a la exigencia del ejecutivo gallego.

En el documento se manifiesta que hay un margen legal para que el Gobierno en funciones y hasta con presupuestos prorrogados tome una decisión justificada por «motivos de interés general», como es el caso del dinero aludido.

Las entregas a cuenta están fundamentadas en los anticipos a las comunidades como parte de su recaudo. El año 2018 el Gobierno informó a las autonomías el presupuesto para este año. Pero el Ejecutivo del PP de Pedro Sánchez no obtuvo el beneplácito de sus presupuestos y actualmente se encuentra en funciones.

Por esta razón las autonomías recogen los mismos fondos que el año anterior

En este 2019 debieron recibir casi 7.000 millones más, de los cuales que 330 millones de euros pertenecen a la Xunta, quien exige igualmente incentivos y un mes de recaudación de IVA por una deuda que asciende ya a los €700 millones.

Situación parecida se originó en 2018 y donde el mismo PP dirigía el Gobierno y que prometió las entregas a cuenta una vez se aprobaran los presupuestos, pero no fue así. La demora en las liquidaciones «supone un gran problema» para Galicia, según la Asesoría Xurídica, viéndose forzada a «estudiar un régimen de limitación de gasto», en un año preelectoral.

Alfonso Rueda vicepresidente y Valeriano Martínez el conselleiro de Facenda, ayer presentaron el informe, que en contraste con el comisionado por el Ministerio de Hacienda, fue llevado a los medios para su conocimiento.

Valeriano Martínez afirmó que este es un contexto «apremiante, sin precedentes e inédito«, aunque piensa no denunciar ante los juzgados al ministerio de Hacienda, como anunció Cataluña. «No es el tiempo de la vía jurídica, no pensamos en esos reparos de forma bilateral o quién sea el más listo que el otro».

Si se llevara a cabo la denuncia aumentaría la  presión sobre el Ejecutivo, es la opinión de Ana Pontón  líder del BNG. Por su parte, Luís Villares portavoz del grupo mixto, planteó un cambio de la ley para «desbloquear» el patrimonio, mientras Gonzalo Caballero líder del PSdeG insistió que son las «dificultades legislativas» las que detienen los desembolsos.