Se inicia un proceso de concesión de licencias VTC por parte del Tribunal Supremo, ha comenzado con las dos primeras en un momento donde está en vigor la disputa entre los vehículos de alquiler con conductor y los taxis.

De las dos primeras sentencias se deprende la autorización de 80 licencias para VTC antes denegadas por la comunidad de Madrid, específicamente en 2014.

Las mismas han sido concedidas a Jojucar (60) y a Gran Vía Rent a Car (20) y con ello dan por atendidos los recursos interpuestos por ambas en su oportunidad; pero esto apenas es el principio de las miles que están por ser concedidas mediante sentencias del alto tribunal.

De hecho, el Supremo tiene pendiente de ratificar al menos unas 10.000 de acuerdo a lo informado por los ayuntamientos para corresponder el vacío legal que hubo entre 2009 y 2013, un lapso de tiempo en el que la ley que permitía emisión de licencias indiscriminadamente de VTC y taxis; esto fue regulado a partir del 2015 y la ley solo permite hoy por hoy la emisión de una licencia VTC por cada 30 para taxis.

Es por esta razón que aquellas peticiones de licencias de VTC negadas para entonces, han sido recurridas y dictaminadas a favor.

Un viajero camina entre un Vehículo de Alquiler con Conductor y un taxi

Ahora y pese a la batalla que se mantiene vigente entre taxis y VTC serán miles las licencias que se autorizarán a empresas como Uber y Cabify. Urge en todo caso que Fomento apresure la aprobación de la ley marco que refuerce el control de este sector, ya que el gremio de taxistas sostiene que hay competencia deshonesta de parte de VTC.

Fomento adelanta que parte de las medidas que busca controlar este sector, constan de la prohibición de las ventas de licencias por parte de la empresa de vehículos de alquiler con conductor VTC y antes de cumplir los dos años de concesión de la misma, normar el uso de matrículas distintas a la de los taxis y que estas empresas recopilen los servicios a prestar ante un registro público.

El supremo afirma que previamente se valoró que en efecto la solicitud tuvo que ser denegada dadas las limitaciones que estaban inmersas en la ley que se aprobó en el 2013 y que se refiere a la Ordenación de Transporte Terrestre.

Así mismo y en vista de que este Real Decreto no se aplica debido a motivos temporales, el Supremo no valoró el ajuste a la legalidad del mismo.