Después de casi 14 años de su edificación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid abrirá sus puertas durante el presente mes de febrero.

Por ahora, los 71 equipos psicosociales que llevaban a cabo la elaboración de valoraciones periciales acerca de victimas a demandas de jueces y fiscales continuaran realizando esta tarea desde sus lugares de trabajo físicos, sin embargo, a partir de este momento trabajan de manera coordinada bajo la órdenes del nuevo órgano a cargo. 

Se espera que antes de la culminación del mes de mayo, los 400 empleados de este servicio puedan trasladarse hasta una sede principal, que se encuentra en el número 16 de la calle llamada Albasanz, al lado del Núcleo Penal del barrio de San Blas.

En primera instancia, el objetivo del Gobierno liderado por Díaz Ayuso es que el sitio donde se arriendará el inmueble solo sea provisional, ya que quieren tomar nuevamente este proyecto de la ya muy estropeada Ciudad de la Justicia.

Es más, solo llegaron a construir 1 de 15 edificios que se supone serían vanguardistas y este, se encuentra en la megaurbe que se proyecta en Valdebebas cuando Esperanza Aguirre aún tenía el mandato y se supone que sería el que alojaría el Instituto de Medicina Legal.

Dicha edificación que tiene una forma parecida al de una dona, se ha convertido en el emblema del chasco de un proyecto en donde se invirtieron nada más y nada menos que 100 millones de euros públicos.

Al menos cuatro personas entre las que se encuentra Alfredo Prada ex consejero de están siendo investigados por presentar algunas irregularidades durante su gestión.

En la actualidad, dentro del Ejecutivo de la Puerta del Sol se encuentran esperando a que el Tribunal Supremo lleve a cabo un pronunciamiento acerca del recurso de anulación que fue presentado por OHL y Acciona, dos compañías que concurrieron a la puja de para continuar una vez más durante el año 2015 la obras que se encontraban paralizadas a consecuencia de la crisis en el año 2009, en contra de la sentencia aplicada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se dictaba a favor de la Comunidad ya que jamás la terminaron.

Dicho concurso fue convocado e pleno mandato de Ignacio González, no obstante, Cristina Cifuentes quien es la sucesora en el cargo, tomó la decisión de no continuar ya que a su parecer, se encontraba viciado y también bajo la sospecha desde el mismo comienzo y terminó realizando una denunciando rente a la Fiscalía que existían muchas irregularidades en el proyecto original.

Esperemos que con el tiempo, se pueda terminar este proyecto y así, quede por fin terminado el Instituto forense de Madrid.