El pasado lunes se asomó la sombra del Procés durante la querella entre Taiwán y China acerca de la extradición de 269 taiwaneses detenidos en España por solicitud de Pekín.

Taipei reclama el hecho de que la extradición se hizo a Taiwán y no a China. No obstante, la Audiencia Nacional estableció la entrega de los 121 reclusos a la República Popular China, declarando entre otros argumentos, que “el posible acceso hacia la independencia” en relación a China que fundamenta Taiwán “no se puede realizar de manera unilateral, sino aplicando los procesos determinados por las leyes de su país”.

Únicamente 23 países reconocen a Taiwán como país independiente, sin embargo, España no es uno de ellos.

Todos los extraditados fueron apresados el año pasado durante la llamada operación “Wall”, por una supuesta estafa. De acuerdo con la investigación y mediante llamadas online realizadas desde España, timaban a ciudadanos que residen en China para sustraerles sus depósitos bancarios.

En vísperas de la extradición, el representante legal de los apresados se opuso a que la misma se hiciera a China, asegurando que las solicitudes de extradición no se encontraban respaldadas por ninguna resolución judicial y que se quebrantaba el principio de reciprocidad, que la documentación brindada no era suficiente y que los apresados tenían nacionalidad taiwanesa.

El gobierno español manifestó su apoyo para extraditar a China a 121 taiwaneses

En relación con este último punto (la nacionalidad de los detenidos), el tribunal destaco que a partir de la perspectiva del Derecho Internacional, ha estado siendo adoptada una postura tendente a la aceptación del principio de “Una sola China”, por el cual Taiwán vendría siendo parte de la República Popular, pero con un gobierno que legisla y solventa sus asuntos en pro del Gobierno Popular.

Cronología del Crimen de Taiwán

Los sucesos datan de diciembre del año anterior, momento en que el Servicio Interpol de la Policía informó al juzgado de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, la presencia de los ciudadanos chinos dentro de España, los cuales eran solicitados por las autoridades de su país por ser parte de una organización delictiva que se dedicaban a estafar a ciudadanos de su país a través de centros situados en el territorio español, mediante llamadas telefónicas.

Se indicó que se encontraban involucrados en la comisión de distintos crímenes y además  solicitaban dinero a cambio de solucionar su situación. De acuerdo a las investigaciones, los apresados trabajaban durante la noche en ostentosas propiedades arrendadas por el Sindicato del Crimen de Taiwán, estando la mayor parte ubicados en Madrid.

Únicamente, una decisión política del Gobierno a último momento sería capaz de evitar la extradición, sin embargo, este veto no tendrá lugar porque al comienzo del proceso, el Gobierno manifestó su apoyo a la extradición de los detenidos a China.