El Concejo de Ministros aprobó un real decreto ley, que establece que serán los bancos los que pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD).

El mencionado decreto entrará en vigencia a partir del próximo lunes 12 de noviembre. Esta decisión la tomó el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez después del revuelo ocasionado por la sentencia del Tribunal Supremo, que colocaba la obligación impositiva sobre los clientes.

El Presidente Sánchez lamentó la decisión del Tribunal, no sin antes manifestar su respeto por el trabajo e independencia del Poder Judicial, al tiempo que señalo que la sentencia no era lo mejor; ni para los bancos, ni para los magistrados, ni ciudadanos. Es bueno destacar que la decisión mostró un Tribunal claramente dividido, cuando la misma fue aprobada 15 a 13.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero informó a los periodistas que será modificado el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que en lo sucesivo sean las entidades financieras las que paguen el tributo, igualmente será reformado el artículo 25 de la ley de impuesto sobre sociedades para que dicho contribución no sea deducible.

Se tomaran medidas para evitar el traslado del impuesto

La ministra destaco que se tomaran medidas para impedir que los bancos trasladen el coste tributario a los clientes, a través de la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos, al tiempo que rechazo la afirmación, que cada vez que se crean nuevos impuestos a las empresas, estos repercuten en la ciudadanía.

Pedro Sánchez anuncia cambios para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas

No obstante, la vocera del Ejecutivo no anuncio cuales medidas piensan implementar para evitarlo.

Con esta importante decisión, el Gobierno dio cumplimiento a la reforma anunciada, haciendo uso de sus facultades legales, para que sean los bancos y no los clientes, que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, en clara contradicción con la sentencia declarada por el Tribunal Supremo.

Volvió la calma

Montero reconoció que la respuesta del Ejecutivo, fue tomada para devolver la calma a la ciudadanía, después de la alarma social e inseguridad jurídica que se produjo, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo.

Ahora se está a la espera de la convalidación por parte del Congreso, que de acuerdo a las reacciones de diversos parlamentarios, se cree será aprobada, con la excepción del PP, que según la ministra mantienen una posición contradictoria con relación a la defensa de los intereses de los ciudadanos. Razón está, por lo que ella los ha invitado a dar su voto favorable.

No obstante es sabido que el PP si llega al Gobierno nuevamente, ha propuesto una reforma que suprima el impuesto de la controversia, posición esta que no aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez, más cuando el mencionado impuesto significa ingresos fiscales por el orden de los 2.000 millones de euros que sirven para financiar los servicios públicos como la sanidad y la salud entre otros.