Antes de que acabe 2018, la Fiscalía Provincial de Pontevedra tiene pensado presentar una demanda civil en contra de Audasa, debido al mal funcionamiento y los constantes atascos de la AP-9, como consecuencia de las obras que tienen como propósito ampliar el puente de Rande.

Frente a la creciente molestia por el caos circulatorio durante el mes de mayo, el Ministerio Público abrió unas diligencias para la protección de los derechos tanto de los usuarios, como de los consumidores. Y después de recabar prácticamente toda la documentación, únicamente le ha faltado una información esencial que solicitó el día de ayer a los representantes de la concesionaria; dicha información consiste en la cantidad de tránsitos que tuvieron lugar entre febrero de 2015 (al comenzar las obras) y mayo de 2018 (al terminar las restricciones y cortes de tráficos causados por tales obras).

Esto ha dado como resultado 39 meses exactos, los cuales, resultan fundamentales debido a que cuando la causa llegue al juzgado, aquellos conductores que recorrieron dicho trayecto a lo largo de este tiempo, tendrán la oportunidad de unirse para exigir la reposición de las cuantías que se vieron obligados a abonar como peaje. Sin embargo, podrán cobrar únicamente aquellos conductores que entren dentro del concepto jurídico de consumidor, siendo el de los particulares el caso más evidente. Además, tienen que acreditar a través de los documentos correspondientes que realizaron dichos viajes.

tasas de Rande

Período de referencia

La Fiscalía y representantes de Audasa se reunieron, y en una actitud  “muy colaboradora los representantes se comprometieron a proporcionar la información solicitada por el Ministerio Público. Dichos datos consisten esencialmente, en verificar la cantidad de tránsito de vehículos al igual que el número de cargos en peajes que tuvieron lugar como ya mencionamos, durante febrero de 2015 y mayo de 2018.

El tiempo entre ambas fechas se trata del “período de referencia” dentro del cual, los conductores afectados tendrían la posibilidad de exigir una restitución por los peajes.

El daño por objeto de indemnización no se enfocará únicamente en los días donde existieron retenciones, sino, también en cada una de las jornadas realizadas a lo largo de esos años. En este sentido la Fiscalía indicó que “la acción no se realizará únicamente por los atascos, aunque los mismos estarán incluidos en ella”, ya que de acuerdo a los que señalan, el perjuicio básicamente se trata por la disminución de carriles causada por las obras y de la diferencia de seguridad en torno al tránsito, “independientemente de que los casos de retenciones hayan sido igualmente valorados”.

Resumiendo, estas diligencias del Ministerio Público son realizadas por un servicio específico “que en realidad no fue prestado”, por esto, se realizará la acción de cesación, porque a pesar de eso fue cobrado.