El PP se movilizó contra la decisión del Gobierno de no librar los €7.200 millones de euros  para sufragar a las comunidades autónomas por la liquidación del IVA y las entregas a cuenta del presente año.Todos los barones junto con la dirección nacional de Génova señalaron a María Jesús Montero ministra de Hacienda, por «mentir» sobre el crédito regional y por el supuesto informe de la Abogacía del Estado, además de pretender «asfixiar a las autonomías».

Montero argumentó que el Ejecutivo no puede efectuar los trámites del abono a las autonomías, basándose en un «informe verbal» de la Abogacía del Estado. Por este motivo el PP solicitó la renuncia de la ministra.

Pablo Montesinos vicesecretario de Comunicación del PP, pidió al presidente Pedro Sánchez que convoque urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para conversar sobre la financiación autonómica. A Montesinos le siguieron todos los barones. Alberto Núñez Feijóo demanda un Consejo de Política Financiera y Fiscal inmediato. “Los vecinos precisan de explicaciones sobre la financiación autonómica».

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Juanma Moreno añadió: » El Gobierno español no tiene excusas para no pagar a Andalucía los €1.350 millones de euros que le adeuda de 2019«. Fernando López Miras señaló que «Garantizar la prestación de los servicios públicos en su región es prioritario». Por su parte Isabel Díaz Ayuso criticó a Montero por «resguardarse tras un informe inexistente de la Abogacía para no abonar los €1.300 millones de euros a la Comunidad de Madrid».

También Alfonso Fernández Mañueco pidió la reunión del CPFF «para solucionar y garantizar los servicios públicos a las personas». Paco Núñez fue contundente: «No podemos permitir que el Gobierno de Sánchez siga escurriendo el bulto con la financiación autonómica.

Los servicios públicos se resienten por un Gobierno pendiente solamente de los intereses partidistas».

La ministra de Hacienda María Jesús Montero, fue señalada por Biel Company presidente del PP de Baleares de «usar» a la Abogacía del Estado para «justificar» sus «mañas a nivel político». Mientras la canaria Australia Navarro argumentó que el «informe fantasma» exige una convocatoria a reunión de los consejeros de Hacienda de las autonomías.

Exigió al presidente insular Ángel Víctor Torres que anteponga los intereses de Canarias ante los del PSOE».

La Generalitat de Cataluña fue la responsable de que se abriera el caso, al anunciar que llevaría al Gobierno a los tribunales para reclamarle los 1.300 millones que adeuda. Meritxell Budó rechazó la excusa del retraso y lo culpó de «proyectar sus problemas» sobre las autonomías.

En Hacienda cuestionan que la no actualización de las entregas a cuenta es el resultado de que Ciudadanos y PP no quieren procurar un Gobierno socialista. Según se llevará a Consejo de Ministros para que se haga  mediante un Real Decreto Ley.