Las rebajas se realizarán en 10 comunidades autónomas, sin embargo no estuvieron de acuerdo con esta aprobación Murcia, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Andalucía. La propuesta del ministro Manuel Castells de hacer una rebaja de las tasas universitarias, quedó aprobada este miércoles con el apoyo de la mayoría de los consejeros autonómicos.

Esta medida supone una limitante a la hora de ajustar el precio, donde este no puede superar el 15% de la media en España.

Lo que si permite es que los precios se apliquen de manera distinta, según el territorio donde estén las instituciones educativas. Esta medida entrará en vigor para el inicio del curso que comprende el 2022- 2023.

Según dieron a conocer las fuentes cercanas a las consejerías, las comunidades que apoyan la decisión de bajar los precios de las carreras en sus centros de estudio universitarios públicos, son: Aragón Navarra, Castilla- La Macha, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Galicia, La Rioja, Cantabria.

Por su parte, las 5 comunidades autónomas que rechazaron esta decisión aclaran que no están en desacuerdo con que las tasas universitarias sean abaratadas y lo que realmente les preocupa, es que no queda claro cómo se va a compensar a los campus por el dinero que dejaran de percibir, en este sentido denuncian la incapacidad del ministro de presentar una solución, por la vía de la financiación económica.

Así mismo quedó establecido, que el acuerdo es de obligatorio cumplimiento para todas las CCAA, incluso para Andalucía, País Vasco, Madrid, Murcia y Castilla y León, las cuales no suscribieron dicho acuerdo.

El consejero de Empleo, Innovación y Universidades de Murcia, Miguel Motas, manifiesta una gran preocupación por lo que está por venir.

Este es un compromiso que es prácticamente imposible de asumir, ya que específicamente esta región tiene las tasas congeladas desde el 2014 y por otra parte, la financiación se ha hecho cada vez mayor.

Señala el consejero que son de 40 millones de euros, que no han podido ser compensados y pese a que no están obligados a bajar los precios del grado, puesto que desde el 2014 estas tasas están congeladas, que las tasas del máster y las segundas y terceras matriculas hay que bajarlas sin que se tenga  garantías de financiación.

Para el Gobierno Vasco, la no definición de la financiación también es un problema, ya que sus tasas están por debajo de las del 2011 y viene con 7 años de tasas congeladas y sin incrementos del IPC durante los últimos 5 años.

Por su parte, la Consejería de Educación de Castilla y León, considera muy apresurada la medida. Para Madrid la imposición del ministro, sin una solución económica de por medio está incompleta.